EL SELA Y EL LLAMADO ¨NUEVO ORDEN INTERNACIONAL¨

GUIA DE ESTUDIO
Asignatura: Problemas Econ. y Finan. I
Facilitador: Lic. Tomás A. Mogollón

E L S E L A
1. ¿Qué es el SELA?
El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es un organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 26 países de América Latina y el Caribe. Creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio Constitutivo de Panamá, el SELA está actualmente integrado por: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Es un organismo de integración, como sistema de consulta y cooperación económica de la región, con el objetivo de dar mayor impulso a los esfuerzos de integración regional o subrregional, sin menoscabo de los compromisos derivados de los tratados vigentes.

2. Objetivos
• Promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales.
• Impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe.

3. Principales áreas de trabajo

3.1. Relaciones Extrarregionales:
• Fundamentación de propuestas de negociación y cooperación desde la perspectiva de América Latina y el Caribe;
• Análisis sistemático del impacto de decisiones y procesos económicos globales sobre las economías de la región;
• Evaluación de los procesos de negociaciones comerciales, económicos y financieros internacionales y de sus implicaciones sobre el desarrollo y la integración regionales.
• Apoyo necesario a Estados Miembros cuando sea requerido, en relación a su participación en las deliberaciones y negociaciones correspondientes.

3.2. Relaciones Intrarregionales:
• Contribuir al desarrollo, articulación y convergencia de los procesos de integración subregionales de América Latina y el Caribe.
• Mantener un análisis sistemático de los factores relevantes para facilitar el desarrollo armónico de la integración entre países latinoamericanos y caribeños.
• Promover estrategias para identificar acciones operativas que propicien la articulación y convergencia de la integración económica a nivel regional.
• Consideraciones y desarrollo de propuestas para configurar una arquitectura institucional de la integración que contribuya a la articulación y convergencia de los procesos subregionales.

3.3. Cooperación Económica y Técnica:
• Impulsar la cooperación multilateral y bilateral hacia la región de parte de organismos internacionales y países donantes y actuar como punto focal regional para la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo.
• Alentar el intercambio de experiencias e información sobre políticas nacionales, en particular las de mayor relieve para la coordinación macroeconómica, lucha contra la pobreza, inclusión social y cooperación internacional.

4. Actividades
• Celebra anualmente la reunión del Consejo Latinoamericano, a nivel ministerial, y convoca regularmente reuniones regionales de consulta y coordinación con altos funcionarios de los países miembros sobre temas de interés colectivo en sus ámbitos de competencia.
• Realiza reuniones de expertos sobre temas específicos de la agenda económica regional y mundial y organiza foros en los que participan representantes gubernamentales y no gubernamentales.
• Mantiene estrechas relaciones de cooperación con los principales organismos intergubernamentales, instituciones públicas y entidades privadas, de carácter regional e internacional.
• Realiza seminarios, cursos y talleres de formación sobre temas de interés económico y social para América Latina y el Caribe, dirigidos a altos funcionarios gubernamentales, empresarios, trabajadores, parlamentarios y académicos.

5. Estructura:
• El Consejo Latinoamericano es el máximo órgano de decisión del SELA. Está integrado por un representante de cada Estado Miembro, se reúne anualmente, y se encarga de establecer las políticas generales del organismo y de pronunciamientos específicos a través de Decisiones que se aprueban por consenso.
• La Secretaría Permanente es el órgano técnico administrativo. Está dirigida por un Secretario Permanente, elegido por el Consejo Latinoamericano, por un lapso de cuatro años.
• Los Comité de Acción son organismos flexibles de cooperación que se constituyen a partir del interés de dos o más Estados Miembros en promover programas y proyectos conjuntos en áreas específicas. Son disueltos al cumplir sus cometidos o pueden transformarse en organismos permanentes.

¨NUEVO ORDEN INTERNACIONAL¨
6. Consecuencias de la globalización para la región:
Hace unas décadas, bajo el impulso, la visión y el pensamiento de un gran compatriota, el Dr. Raúl Prebisch, los países latinoamericanos se empeñaron en una dura lucha, dentro de la región y a escala mundial, para establecer nuevas reglas del juego y acceder a un nuevo orden económico internacional. Los cambios se verificaron, pero no por el camino de las negociaciones entre gobiernos, sino como resultado de fuerzas históricas, sólo en parte controladas por los Estados, que han generado y aprovechado las oportunidades que se fueron presentando.
Después de una década de haberse comenzado un pronunciado y creciente proceso de globalización y liberalización, es correcto afirmar que América Latina es una de las regiones que más ha experimentado los efectos de dicho proceso. A la complejidad de la adaptación a los cambios derivados de las transformaciones del sistema mundial se añadieron los cambios internos, llevados a cabo por los países de la región individualmente en respuesta a las nuevas condiciones externas, produciendo una serie de efectos de desestructuración y reestructuración en todos los niveles y sectores económicos y sociales, que han afectado una vez más la estabilidad de las sociedades de la región.
En efecto, no se había concluido de absorber los fuertes costos del proceso de reforma económica, reajuste social y de apertura al exterior e inserción internacional, y cuando se esperaban recoger los frutos prometidos por los esfuerzos realizados para modernizar las economías, privatizando todo lo privatizable, restringiendo el juego de las burocracias estatales, incrementando la competitividad aún a costa de incrementar el desempleo y las ocupaciones marginales, estallaron nuevas crisis que posponían el momento del disfrute: primero, fue el ensayo general representado por el "efecto tequila" de 1994, más recientemente la crisis financiera iniciada en el Sudeste Asiático, extendida después a Rusia, a la América Latina y al conjunto de las economías emergentes.
En esta última situación se pusieron de manifiesto las debilidades del nuevo "orden" internacional globalizado, que fue incapaz de detener las acciones financieras especulativas y de controlar los desajustes estructurales internacionales. Y a pesar del comportamiento de los países latinoamericanos, que habían alcanzado en algunos casos las más altas calificaciones, que corresponden a los mejores alumnos de la clase, la especulación y la crisis financiera, comercial y social se instalaron en su seno y afectaron fuertemente a la más grande economía latinoamericana: el Brasil y por extensión a los demás países del MERCOSUR, comenzando por su principal socio comercial en la región: la Argentina. La crisis de confianza recíproca pone de manifiesto las limitaciones del modelo comercialista de integración que había parecido tan exitoso en el presente decenio.
Sin profundizar en la dimensión económica de la globalización; se pretende sólo dejar una referencia explícita a lo sucedido en los planos de las finanzas, de las inversiones y del comercio internacional, en el que se repiten en otro escenario y con otras dimensiones las oposiciones entre centro y periferia, desarrollo y subdesarrollo, como si resultara imposible a las sociedades humanas extraer lecciones de las experiencias pasadas.
Ellas ponen en evidencia que los esfuerzos de modernización y apertura emprendidos internamente, requieren, para consolidarse, de efectos paralelos en el contexto externo: en el caso de la apertura comercial, de la consolidación y profundización de los resultados de la Ronda Uruguay; y en el caso de la apertura de los sistemas financieros nacionales de una mejor gestión y buen aprovechamiento de los flujos de capital a nivel internacional.

7. Democracia y gobernabilidad
Como acaba de señalarse, es indudable que América Latina se ha visto profundamente sacudida por la crisis financiera asiática, cuando todavía soportaba las penurias de hacer frente a una deuda externa que tiene sus orígenes en la "oleada" aperturista de dos décadas atrás, y a los efectos de una política de apertura unilateral e indiscriminada al exterior, que se fue pronunciando con el tiempo.
Los ajustes políticos y económicos producidos en la región, han acrecentado las penurias de millones de latinoamericanos que en distintos países manifestaron su protesta y desesperación a un nivel político general. Recordemos brevemente: la grave intranquilidad social en Ecuador, que sucede en menos de 2 años al proceso que llevó a la destitución del Presidente Bucaram; el magnicidio del que fuera víctima el Vice-presidente de la República del Paraguay; la reapertura de viejas heridas y enfrentamientos en Chile, a partir del arresto de Pinochet en Londres; los esfuerzos reeleccionistas de los Presidentes Fujimori y Menem, a pesar de la terminante prohibición constitucional en este último caso. Más recientemente todavía, la disconformidad del pueblo venezolano hacia los partidos políticos tradicionales, que en las urnas exteriorizó un rotundo voto protesta y dio un amplio triunfo al Comandante Chávez, quien pudo lograr, como candidato democrático, el éxito que le fue esquivo como militar golpista.
Desde luego, hay una diferencia importante con el pasado latinoamericano: muchos de los episodios señalados hubieran sido interpretados por los militares latinoamericanos como claras manifestaciones que los convocaban a tomar el poder en los diferentes países. Hoy en cambio, son los propios mecanismos institucionales democráticos los que encuentran las fórmulas adecuadas para dar soluciones constitucionales a los problemas: los casos de Bucaram en Ecuador y de Cubas en Paraguay son las mejores expresiones. Al respecto, es necesario reconocer que ello se ha podido verificar en el nuevo contexto político que brinda el regionalismo y la globalización.
Esto no puede sino redundar en un fortalecimiento de los movimientos sociales en el marco de la democracia. Sin embargo, la existencia y expansión de estos movimientos, al margen de los cuestionados partidos políticos, sigue siendo un riesgo a futuro: el encuentro entre los que protestan y algún caudillo populista, que vuelva a ofrecer soluciones mágicas, para romper los moldes que deben propiciar la renovación en el marco de la continuidad constitucional, que siempre ha sido una esquiva realidad en el mundo latinoamericano.
También se debería contabilizar en el haber de la globalización el soporte dado por el entorno internacional a la continuidad democrática y la amenaza de sanciones internacionales contra el "golpismo" y la violación de los derechos humanos en que incurrieran con tanta frecuencia los regímenes militares. Más allá del posible cuestionamiento acerca de las condiciones legales para juzgar al General Pinochet por los actos de genocidio del régimen militar que condujera, la sola posibilidad de que se sea capaz de sancionar estas violaciones es una reafirmación de la condición y la solidaridad humana. Al respecto, es necesario insistir en que dichos juicios y castigos se deben verificar al amparo de una legislación y una justicia internacionales, previamente establecidas.
Sin embargo, sería inocente suponer que muchos de los defensores externos de la democracia latinoamericana tienen nuestras mismas preocupaciones. Pero eso es totalmente entendible: lo que se trata de preservar con la democracia latinoamericana es la paz social, que permite solucionar los conflictos dentro del marco legal; la existencia de gobiernos estables, sólidos y eficientes, que le den gobernabilidad al sistema y las condiciones generales que permitan hacer negocios y seguir llevando adelante el proyecto globalizador, actualmente en desarrollo.
Pero no se trata sólo de mantener la estabilidad constitucional, sino de darle la máxima eficacia y eficiencia posible. Alrededor de estas relaciones se han acuñado expresiones muy precisas y se han analizado las relaciones entre la gobernabilidad y el buen gobierno: Al respecto, Francisco Sagasti refiere ambos conceptos al "ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder y la autoridad para el logro de objetivos sociales y económicos".
Como condiciones del "buen gobierno" se deben establecer una relación "virtuosa" y un adecuado equilibrio, a definirse en función de los criterios nacionales entre el aparato estatal, el mercado y la sociedad civil. Al respecto, se parte de aceptar la responsabilidad clave del Estado en la conducción general de la economía y en el desarrollo integral, sustentable y equitativo de la sociedad, que se proyecta en el sector público, que debe ser eficiente en sus políticas económicas y sociales en función de su responsabilidad en la consolidación de la estabilidad democrática. Ella se complementa y potencia con las funciones de la sociedad civil, para retroalimentar al gobierno en sus estrategias mediante el consenso indispensable a la estabilidad democrática y a la participación popular.

8. El impacto sobre lo social
El impacto de los procesos de apertura y globalización de las economías se superpone a profundas fallas estructurales en los países de la región, que se exteriorizan en una realidad secular de pobreza, exclusión social y desigualdad social, incluso profundizándolas. Como señalara José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de la CEPAL ante la Segunda Cumbre de las Américas, en abril de 1998, "cerca de 210 millones de latinoamericanos -39% de la población total- no pueden cubrir sus necesidades fundamentales, y de ellos, 98 millones viven en la indigencia". Y esta realidad, obvia y lamentablemente, es estructural y no un simple producto de un fenómeno reciente.
En efecto, en el caso de los países latinoamericanos, a las dificultades intrínsecas de la coyuntura, se añaden estructuras sociales muy inequitativas desde hace décadas, que se expresan en indicadores de distribución de la riqueza mucho más desiguales que en el resto del planeta: por un lado, mientras la clase media representa entre un 50 y 60% de la población en los países industrializados, en América Latina es menos del 20% del total; por otro lado, en la región se incluyen los países con la mayor brecha de ingresos en el mundo: en Brasil y Guatemala, el 10% superior de la población absorbe casi el 50% del ingreso nacional, mientras que el 50% inferior de la escala apenas gana algo más del 10%.
Pero eso no es todo: gran parte de la desigualdad de América Latina se relaciona con las diferencias entre el 10% superior y el resto de la población. Mientras que en los Estados Unidos el decil superior de la población tiene un ingreso promedio per cápita 60% mayor que el del noveno decil, en la región dicha diferencia ronda el 160%. Quienes más ganan en América Latina son principalmente empleados y profesionales que reciben un rendimiento muy elevado por su educación y su experiencia. Esta brecha entre el 10% superior y el resto de la población refleja, el lento y desigual progreso en el nivel y la calidad de la educación. De hecho, el segundo 10% de la población tiene tres años menos de educación, y los que se ubican en el 30% inferior tienen casi siete años menos.
A pesar de los recientes logros en materia de crecimiento económico, se han registrado modestos avances en la reducción de la pobreza y persisten elevados niveles de desigualdad que han tendido a acentuarse, incluso, en algunos países con altas tasas de crecimiento. Tampoco, se ha podido reducir la desocupación ni mejorar la calidad del empleo. El desempleo abierto se elevó en muchos de ellos, en tanto que aumentaba el empleo en actividades que tienen un reducido producto por persona. El 84% de los nuevos empleos se han generado en el sector informal, caracterizado por la baja productividad e ingresos.
Por otra parte, el desafío de la equidad no se limita a la reducción de la pobreza, sino que debe abarcar también la igualdad de oportunidades y la distribución del ingreso. La distancia entre el ingreso de profesionales y técnicos y el de trabajadores de menor calificación ha aumentado cerca de 50%. Esto supone una concentración de los ingresos de los hogares, que coexiste con una importante concentración de la educación. Es evidente, que se hace necesaria la adopción simultánea de políticas en las áreas demográfica, ocupacional y educacional.
Para amplios sectores de la población latinoamericana ha sido y será imposible aprovechar las oportunidades de la apertura y la globalización, y aún simplemente usufructuar, en realidades limitadas el llamado "efecto de demostración", si no median políticas explícitas que refuercen la complementariedad entre transformación productiva y equidad, entre competitividad y cohesión social. El aprovechamiento de la globalización parece ser un lujo que está fuera del alcance de los países en desarrollo.
Frente a los riesgos que se han ido subrayando, con un proceso de globalización que se transforma de fenómeno en ideología y genera políticas que actúan sobre la realidad y que no es funcional a los intereses de nuestras poblaciones, el desarrollo con equidad y la política social deberían ser perseguidos con una visión integral, o sea, las políticas educativas, sociales, de salud y de empleo deben diseñarse en el marco de una política para el desarrollo humano integral.
Si se desea consolidar la estabilidad democrática y las perspectivas de progreso económico, en el futuro inmediato se deberían poner en práctica políticas que contribuyan a acelerar el crecimiento e incrementar la inversión, que refuercen el vínculo con la generación de empleo y faciliten el acceso al capital, la tecnología y la organización empresarial a las pequeñas y medianas empresas, responsables de la mayor parte del empleo en los países de la región.

9. Una batería de políticas articuladas
En las actuales circunstancias se hace más evidente la necesidad de contar con una estrategia propia y específica en materia de desarrollo e inserción internacional. La Secretaría Permanente del SELA señala entre sus componentes, los siguientes aspectos: 1. Sustantiva mejora de la distribución del ingreso; 2. Transformación educativa; 3. Diversificación de las relaciones externas; 4. Mantenimiento de la estabilidad macro-económica alcanzada; 5. Continuidad para los programas de desarrollo, enmarcados dentro de un modelo adaptado a la región; 6. Profundización del proceso de integración regional, ampliando su alcance a nuevos ámbitos de la economía, la política y la cultura; 7. Disminución de las asimetrías y desigualdades dentro de los países y en la región.
Para mantener una proyección hacia afuera y hacia el futuro de los países de la región, es necesario que se ponga la casa en orden también en los aspectos económicos fundamentales. Parece pertinente señalar la necesidad de superar uno de los males más generales de la región como es el alto nivel de evasión impositiva, simplificar el sistema tributario, fortalecer las capacidades de gestión recaudatoria y disminuir la corrupción permitirían reforzar el buen gobierno y la gobernabilidad. Otras prioridades en el mediano plazo están relacionadas con las políticas que busquen el crecimiento sostenido, el fortalecimiento efectivo de las pequeñas y medianas empresas innovadoras, el logro de un desarrollo regional equilibrado.
Por otra parte, si la sociedad del futuro está basada en el conocimiento es necesario democratizar el acceso al conocimiento, so pena de propiciar una mayor desigualdad para el futuro. De este modo, se podrían reforzar los vínculos entre el desarrollo económico y el desarrollo social, con la consolidación democrática, que tanto han costado conseguir en la región. En tal sentido, se impone desarrollar programas para mejorar la calidad de la educación primaria y universalizar la educación secundaria. Ello incrementaría el rendimiento de la educación y reduciría las ineficiencias en la repetición y la deserción escolar. Los pobres abandonan más pronto la escuela después del ciclo primario, mientras que los ricos continúan su educación superior. Es imperativo que nos desplacemos rápidamente hacia la educación secundaria universal. Ello mejorará la calidad de la fuerza laboral, incrementará los ingresos de una gran mayoría de la población, ampliará la base de posibles estudiantes universitarios y promoverá un proceso de desarrollo diferente, de uso más intensivo de capital humano.

10. Profundizar la política de integración regional
Todos los países de la región, desde América Central y el Caribe al Cono Sur, han persistido, desde varias décadas atrás, en la búsqueda de los caminos adecuados para lograr grados crecientes de integración con sus vecinos y, más en general, han exteriorizado su voluntad y decisión para participar en un proyecto de integración para toda la región.
Como lo demuestran las diferentes experiencias de integración regional en Europa, el Asia-Pacífico y también América Latina, son las relaciones comerciales y económicas con los países vecinos las que tienden a las mayores tasas de crecimiento y a las mayores incidencias relativas. En el caso europeo, que contribuye con un 36% al comercio mundial, el 60% de sus exportaciones son de carácter intra-regionales. Aunque en otra escala, las exportaciones intralatinoamericanas, a nivel de las subregiones, han crecido con tasas elevadas y con una participación de manufacturas sustancialmente superior al comercio con el resto del mundo.
A partir de mediados de la década de los ochenta y más especialmente, durante la década de los años noventa, con la consolidación de la democracia en América Latina, que ha posibilitado un diálogo más franco y fructífero entre los diferentes países y sus sectores sociales, políticos, universitarios y culturales; con la coincidencia de las políticas económicas nacionales en torno del reajuste, las privatizaciones, el rol del mercado y la apertura al exterior; y la percepción de que la integración resultaba ser una adecuada plataforma para una mejor inserción en la economía mundial permitieron progresos considerables en los diferentes esquemas de integración de la región, particularmente en el MERCOSUR, que por sus dimensiones y logros se transformó en un ejemplo paradigmático de éxito.
Sin embargo, la crítica coyuntura internacional actual está desnudando numerosas debilidades de los diferentes procesos, incluyendo al MERCOSUR. Sin embargo, así como se han superado otras situaciones críticas, se encontrará el camino para seguir avanzando. Así quedarán superados devaneos como los que ahora preocupan a la región: ¿con quién y cómo negociar?, y otros que atañen a los propios países del MERCOSUR: ¿Cómo afrontar los costos de la crisis, de una manera solidaria y reduciendo al mínimo posible los perjuicios?
A la hora de hacer un balance de la situación, no deberían perderse de vista los éxitos logrados como: la transformación de relaciones de rivalidad y conflicto en relaciones de amistad y cooperación; los enormes logros en materia de comercio e inversiones recíprocas; el mantenimiento de la continuidad constitucional en uno de sus miembros, estructuralmente afectado por casi cuatro décadas de gobierno dictatorial.
No es este el momento para analizar técnicamente las diferentes alternativas, aunque sí es posible indicar un rumbo: la única manera de que sobreviva el MERCOSUR y con él la expectativa de que América Latina tenga en el concierto internacional una voz propia e independiente, es a través de su profundización. Y desde luego no sólo en el plano comercial, sino especialmente en las otras dimensiones del proceso de integración regional: economía, sociedad, política, cultura. Existe lo que se denomina el "paralelismo" en la construcción de una Comunidad de Naciones y un principio esencial que se debe respetar: la solidaridad, que es el único concepto que permite diferenciar a un proceso de integración verdadera, de una simple articulación de mercados.
Si no fuere así, el MERCOSUR, la Comunidad Andina, el ALCSA y los demás intentos subregionales podrían ser devorados rápidamente por una suerte de máquina trituradora, denominada "globalizadora", generada por los países y fuerzas que gobiernan el proceso de globalización.
PREGUNTAS PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION DEL LLAMADO ¨NUEVO ORDEN INTERNACIONAL¨:
¿Cuáles son los cambios políticos y sociales que inevitablemente trae aparejado la globalización y qué implicaciones tienen para los Estados?

¿De que forma la integración regional puede ayudar a nuestros países a un crecimiento económico y social sustentable?

¿Cómo hacer frente a las tendencias regresivas del proceso de globalización, con relación a las sociedades periféricas, o sea a la exclusión, la marginación y el empobrecimiento crónico?

¿Cuales son los rumbos democráticos que se deben seguir, en situaciones de gobernabilidad cada vez más difíciles, producto de la globalización como proceso, y de fallas estructurales muy viejas de nuestros países? y, finalmente

¿Los movimientos integracionistas en la región y especialmente en MERCOSUR estarán a la altura de las circunstancias y serán capaces de generar y proporcionar en su marco, las respuestas políticas adecuadas y renovadoras frente a la situación actual?